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viernes, 11 de diciembre de 2015cermi.es semanal Nº 193

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Actualidad

El CERMI exige al Gobierno egipcio la inmediata puesta en libertad de Israa Al Taweel, una joven con discapacidad perseguida en ese país

10/12/2015

El CERMI ha remitido una carta al embajador de Egipto en España en la que exige la inmediata puesta en libertad de Israa Al Taweel, una estudiante de 23 años aficionada a la fotografía, que fue herida el 25 de enero de 2014 por la espalda por la policía durante una manifestación, que le provocó una lesión nerviosa en la médula espinal que la dejó en silla de ruedas.

Tras una dura rehabilitación fue recuperándose y empezaba a volver a caminar, pero según informa Amnistía Internacional, el día 1 de junio de 2015 fue detenida junto a unos amigos en una cena. Durante quince días, nadie supo nada de ellos. Israa al Taweel estuvo recluida en secreto, con los ojos vendados salvo para dormir y escuchaba los gritos de quienes eran torturados en otras celdas.
 
No se han formulado cargos en su contra, y cada cuarenta y cinco días un juez renueva su detención. Alegan que pertenece a un grupo ilegal y que difunde “informaciones falsas”, pues llevaba una cámara cuando la detuvieron. Israa lo niega. Sus abogados no tienen acceso a la documentación del caso. Han presentado informes médicos y exigen que Israa reciba tratamiento, sin éxito.
 
El CERMI alerta de la clara vulneración de derechos humanos que supone esta situación, y advierte de que su detención arbitraria, sin cargos, sin asistencia letrada, sin asistencia médica vulnera los tratados internacionales suscritos por su país.
 
En este sentido, el CERMI recuerda que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue firmado por Egipto el 4 de agosto de 1967 y ratificado el 14 de enero de 1982, así mismo la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles o degradantes, ratificado el 25 de junio de 1986, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 4 de Abril de 2007, y ratificado el 14 de abril de 2008.
 
Desde la entidad se exige su puesta en libertad de forma inmediata, la prestación de toda la atención médica que pueda requerir dada su detención arbitraria y sin atender a las necesidades de su discapacidad, así como el cese de cualquier hostigamiento.
 
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